El Real Decreto-ley 29/2026: novedades fiscales y medidas frente a los desahucios
El Real Decreto-ley 29/2026 introduce nuevas medidas fiscales y judiciales con el objetivo de favorecer el alquiler asequible y proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, con efectos también en Cataluña.
En el ámbito fiscal, se amplían los incentivos en el IRPF para los propietarios que destinen sus viviendas al alquiler habitual y cumplan determinadas condiciones, especialmente cuando ofrezcan rentas asequibles. Las reducciones pueden alcanzar el 100 % de los rendimientos netos positivos. También se establece una deducción estatal para los arrendatarios de hasta el 10 % de las cantidades satisfechas, sujeta a requisitos y límites económicos.
En cuanto a los impuestos sobre los inmuebles, los ayuntamientos pueden aplicar recargos en el IBI a determinadas viviendas desocupadas y a las destinadas a usos turísticos en zonas tensionadas. También se modifica la tributación de determinados alquileres turísticos, que pasan a estar sujetos a un IVA del 10 %.
En el ámbito judicial, se contemplan medidas de suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, pero su aplicación no es automática y depende de los requisitos legales y de las circunstancias de cada procedimiento.
Una novedad especialmente relevante es la posible subrogación de la Administración en la deuda del arrendatario, pero únicamente en determinados procedimientos de desahucio por impago, cuando se acredite la vulnerabilidad económica y no resulte aplicable el supuesto específico del artículo 2.1 del decreto. En estos casos, la Administración dispone de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o abonar íntegramente la deuda y las costas judiciales. Si no cumple ninguna de estas obligaciones, queda subrogada en la posición deudora del arrendatario y no puede ejecutarse el lanzamiento, manteniéndose el contrato hasta su vencimiento mientras persista la situación de vulnerabilidad.
Por tanto, no todos los desahucios quedan suspendidos ni la Administración asume indiscriminadamente las deudas de los arrendatarios. Es necesario analizar cada caso y los requisitos establecidos legalmente.
En Cataluña, estas medidas deben aplicarse teniendo en cuenta la normativa autonómica en materia de vivienda. El Real Decreto-ley 29/2026 fue convalidado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados el 12 de noviembre de 2026, de acuerdo con la resolución publicada en el BOE el 13 de noviembre de 2026 (BOE-A-2026-23755).