El Real Decreto-ley 29/2026: ¿qué cambia en el alquiler en Cataluña?

Desde el 8 de octubre de 2026 está en vigor el Real Decreto-ley 29/2026, que introduce nuevas medidas para proteger a los inquilinos y regular el mercado de la vivienda, con importantes consecuencias también en Cataluña.

En cuanto a los contratos vigentes, los inquilinos pueden solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años, siempre que cumplan los requisitos legales, entre los que se encuentra estar al corriente de pago durante los ocho meses anteriores. Hasta el 31 de diciembre de 2027, se establecen también limitaciones a la actualización de las rentas: si superan el máximo del índice estatal aplicable, no pueden incrementarse; en los demás casos, el aumento no puede superar el 2 % si no existe un nuevo acuerdo.

En los nuevos contratos, se refuerzan los derechos de los inquilinos: no se les pueden repercutir impuestos asociados a la vivienda ni exigir seguros de impago. Las garantías adicionales se limitan, con carácter general, a dos mensualidades en los contratos de vivienda habitual y a una mensualidad en los contratos de temporada.

El alquiler de temporada también se regula de forma más estricta. Es necesario justificar y acreditar la causa temporal, y la duración general no puede superar los doce meses, salvo que dicha causa justifique una duración superior. El encadenamiento injustificado de contratos puede dar lugar a que se consideren contratos de vivienda habitual. En el alquiler por habitaciones, la suma de las rentas no puede superar la de la vivienda completa.

En Cataluña, estas medidas complementan la Ley 11/2025, que ya había reforzado el control de los alquileres de temporada y por habitaciones, especialmente en las zonas tensionadas. La nueva regulación estatal amplía las garantías y exige revisar las condiciones de los contratos, teniendo en cuenta el régimen transitorio aplicable a los ya suscritos.

El Real Decreto-ley 29/2026 fue convalidado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados el 12 de noviembre de 2026, según el acuerdo publicado en el BOE el 13 de noviembre de 2026 (BOE-A-2026-23755). Por ello, tanto propietarios como inquilinos deben conocer los nuevos derechos y obligaciones y tener en cuenta las disposiciones transitorias y las posibles modificaciones normativas posteriores.