El pasado 25 de mayo salía publicado en el BOE el texto de la nueva Ley 12/2023 de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
Esta norma es fruto de una larga negociación política como reacción a la reivindicación de muchos colectivos y como consecuencia de las últimas crisis que han afectado de forma muy directa al acceso a la vivienda, especialmente en las grandes ciudades de todo ‘Estado. La nueva ley toma medidas en muchos ámbitos que son complejos y no se pueden desgranar en detalle en un post breve, ya que impacta tanto en la regulación del alquiler, como en la nueva promoción, y especialmente, afecta a los procedimientos judiciales derivan.
Como profesionales estamos preparándonos ante las múltiples particularidades y la carencia de definición actual de algunas cuestiones para aconsejar a nuestros clientes.
La ley establece la definición del gran tenedor en función del número de viviendas, a sus efectos, el artículo 3.k), determina que será la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, excluyendo aparcamiento y trasteros. Este propietario a partir de ahora verá limitado su derecho y estará obligado a tomar determinadas medidas en determinadas situaciones, como ofrecimiento de alquiler social, requisitos de procedibilidad antes de presentar una demanda de desahucio, deducciones fiscales, incrementos de renta, etc. Las comunidades autónomas podrán acabar de definir determinados aspectos, como establecer el número mínimo de viviendas a partir de cinco. El gobierno de Cataluña ya ha empezado a tomar medidas en este sentido.
La complejidad actual de la normativa en la materia, por las regulaciones anteriormente desarrolladas en el ámbito autonómico y las nuevas disposiciones, hacen indispensable un estudio y consejo personalizado para un correcto análisis del caso concreto, por lo que ya les invitamos a que nos contacten para saber exactamente en qué puede afectarles la nueva ley.
